Alemania insiste en la necesidad de un impuesto global para las tecnológicas que evite trucos fiscales
Olaf Scholz, ministro de economía alemán, ha propuesto la creación de impuesto mínimo global (y no solo europeo) para empresas tecnológicas, un esfuerzo que se une al debate que la Unión Europea mantiene desde hace meses para evitar que estas empresas aprovechen políticas fiscales que les permiten evadir impuestos en los países europeos en los que operan.
El ministro alemán ofrecía dichas declaraciones en el diario alemán ‘Welt am Sonntag’ y lo orientaba especialmente al GAFA, elgrupo de gigantes formado por Google, Amazon, Facebook y Apple, aunque lo dirigía a otras muchas plataformas digitales como YouTube o Airbnb que se aprovechan de las disparidades del sistema fiscal europeo para pagar impuestos mínimos en Europa.
Un impuesto mundial, no solo europeo
Scholz indicaba que «necesitamos una tasa impositiva mínima que sea válida en todo el mundo y de la que ningún estado pueda escapar», y añadía que las empresas digitales «agravan un problema que conocemos bien con la globalización y que tratamos de contrarrestar: la localización de beneficios en países fiscalmente eficientes» que ayuden a evitar «que los ingresos se desplacen a los paraísos fiscales».
Olaf Scholz, ministro de economía alemán. Los dirigentes europeos se muestran igualmente preocupados, aunque las medidas que cada uno apoya son ligeramente distintas. Francia, por ejemplo, se muestra a favor de la propuesta de Berlín, pero insta sobre todo a los países europeos a plantear ese impuesto en el viejo continente y no de afrontar de momento ese impuesto global.
Para el gobierno galo lo importante es acelerar el ritmo de la fiscalidad de GAFA a nivel europeo hasta que se negocie una solución global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No será tan fácil activar ese impuesto
La Comisión Europea ya propuso en marzo introducir un impuesto del 3% sobre el volumen de negocios generado por los servicios digitales de las empresas, aunque lo restringía: deben generar 750 millones de euros al año a nivel mundial y al menos 50 millones de euros en la Unión Europea. Se estima que unas 200 empresas estarían afectadas por ese impuesto, que generaría unos ingresos de casi cinco mil millones de euros a nivel europeo.
La iniciativa pretende adoptarse a principios de 2019, pero no será fácil que se cumpla ese plazo: Irlanda se opone —muchas tecnológicas se han aprovechado de la ventajosa política fiscal irlandesa—, y países nórdicos como Finlandia o Suecia temen el impacto negativo que ese impuesto podría tener en el sector de la innovación.
No solo eso: las políticas que está llevando a cabo Trump a la hora de proteger la economía estadounidense y que por ahora se han ensañado con China podrían extenderse al continente europeo, donde los impuestos a las exportaciones podrían plantear problemas serios a ese comercio internacional.
España mueve ficha
En España mientras tanto se plantea la aplicación de un impuesto similar tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace unos días indicaba que esa tasa gravará ingresos derivados de la publicidad, venta de datos o intermediación, y afectará a plataformas como Uber, Airbnb o Cabify.
A diferencia de lo que ocurre con la propuesta europea, muchas grandes empresas tecnológicas se librarían, y en este caso las víctimas de la nueva medida serían las afectadas por esa «economía colaborativa» que aprovechan plataformas digitales de los sectores del alojamiento y el transporte.
Para Montero «la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales». La propuesta de Bruselas colocaba el umbral de la facturación en un país en 7 millones de euros, pero en España se ha bajado ese listón a los 3 millones, lo que haría que más empresas se vieran afectadas por dicho impuesto.
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Javier Pastor
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