El taxi gana parcialmente: comunidades y ayuntamientos regularán las VTC en un plazo máximo de cuatro años
El Consejo de Ministros, siguiendo lo previsto, ha aprobado este viernes el real decreto ley con el que se busca limitar las conocidas VTC, las licencias de vehículo con conductor, con las que operan plataformas como Uber y Cabify. Como prometió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el traspaso competencial a las comunidades se ha producido.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, el titular ministerial ha explicado que habrá un «periodo transitorio» en la cesión de las competencias a las autonomías de cuatro años. Esta moratoria, «en concepto de compensación» de acuerdo con Ábalos, se traduce en una convivencia del taxi y las VTC como hasta el momento.
Transcurridos los cuatro años, en 2022, cuando lo aprobado hoy sea de obligado cumplimiento, la regulación de las licencias de vehículo turismo con conductor quedará en manos de las comunidades autónoma y, por posible cesión de estas, de los ayuntamientos. Tanto unas como otros podrán establecer las regulaciones que consideren oportunas entonces. Una de las principales demandas del sector del taxi y uno de los peores escenarios para el sector VTC, que ve peligrar su actual situación.
Sin licencias adicionales, solo trayectos interurbanos para Uber y Cabify
El documento que ha recibido la luz verde del Ejecutivo establece que como en el caso de los taxistas, a los profesionales con licencias VTC se les podrá exigir otra licencia específica para su actividad urbana, dentro de las ciudades, que deberá ser regulada directamente por las ordenanzas municipales de cada localidad y, a su vez, por las normativas de cada una de las comunidades autónomas.
Cumplido el mencionado plazo de cuatro años, además, las licencias actuales únicamente permitirán operar en al ámbito interurbano y no como hasta ahora, en el que se puede prestar un servicio con inicio y fin dentro de una misma ciudad. En la práctica, los trayectos dentro de las ciudades quedarían circunscritos exclusivamente al taxi, de forma que de facto se eliminaría gran parte del negocio de las VTC, que actualmente mueven a la mayoría de sus clientes en viajes urbanos.
Los cuatro años son, además de un periodo transitorio para desarrollar la legislación, una forma de evitar el pago de indemnizaciones a los propietarios de licencias VTC por parte del Estado. Con ese periodo de gracia están permitiendo que los titulares de estos permisos amorticen la inversión que hayan podido realizar. Estimaciones del sector cifraban en 3.700 millones de euros las indemnizaciones que podrían reclamar, aunque no se descarta que igualmente se produzcan reclamaciones.
No obstante, José Luis Ábalos ha querido reiterar que el real decreto ley aprobado este mediodía está bien atado. «Todo el decreto está jurídicamente muy bien blindado. Está absolutamente apoyado en la doctrina del constitucional», ha dicho a los periodistas desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Desde Fomento están convencidos que la moratoria de cuatro años les permitirá evitar posibles demandas.
El fin de los VTC tal y como los conocemos
El decreto ley aprobado hoy, en el que no han influido las recientes y notables movilizaciones de los taxistas según el Gobierno, puede suponer el fin de las licencias VTC y su funcionamiento tal y como los conocemos.
Porque en resumen,
Pese a los detalles que ha comentado el ministro ante la prensa, el real decreto todavía debe ser aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes y publicado en el Boletín Oficial del Estados este mismo sábado, cuando conoceremos al detalle su redacción.
A partir de esta publicación, eso sí, la habilitación a comunidades y ayuntamiento se hace efectiva. Podrán regular sobre condiciones como la precontratación de un VTC, sus horarios de trabajo o los recorridos mínimos y máximos permitidos. Una forma de regular, aunque en parte, las características de prestación de estos servicios de transporte.
Imagen principal | Francisco Anzola (CC BY 2.0)
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